Un grupo de representantes de comités de Participación Ciudadana de los sistemas estatales y nacional Anticorrupción han dirigido un llamado al Senado, la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior de la Federación para que investiguen las presuntas incongruencias patrimoniales y fiscales del líder de Morena en la cámara alta, Adán Augusto López Hernández. La iniciativa busca brindar transparencia y justicia al ciudadano que ocupa una posición importante en el país.
Según los representantes de los comités de Participación Ciudadana, se han presentado indicios que sugieren que López Hernández podría estar involucrado en irregularidades patrimoniales y fiscales. Esto ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población sobre la integridad del líder político.
Sin embargo, el proceso para investigar estas acusaciones ha sido complicado por la denuncia realizada por Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de presiones y acoso al equipo de apoyo. Según Pérez Morales, la consejera Patricia Talavera le hizo sentir que estaba siendo objeto de presión para retractar su llamado a la investigación.
La orden de bajar el pronunciamiento de las redes institucionales del Comité de Participación Ciudadana ha generado una gran polémica y ha llevado a los ciudadanos representantes de diversos comités de Participación Ciudadana, incluyendo yo mismo, a lanzar un comunicado en respuesta a este desarrollo.
En el comunicado, nos expresamos preocupados por la situación y pedimos que se proteja la integridad del proceso investigador. Destacamos la importancia de garantizar el acceso a la información y los mecanismos para detectar irregularidades, lo que es fundamental para construir una sociedad más justa y transparente.
Además, nos expresamos solidarios con Vania Pérez Morales y con todos aquellos que han sido víctimas de acoso o presiones para retractarse. Creemos que es crucial proteger el derecho a la libertad de expresión y defender el papel fundamental que los ciudadanos representantes de comités de Participación Ciudadana deben desempeñar en la promoción de la transparencia y la justicia.
En este sentido, nos pronunciamos en defensa del llamado a la investigación y reiteramos nuestra confianza en el sistema de justicia y en la capacidad de las instituciones para llevar a cabo un proceso imparcial y transparente. Esperamos que se tome en serio esta denuncia y que se garantice la protección de los ciudadanos que participan en el proceso investigador.
En conclusión, es fundamental proteger la integridad del proceso investigador y defender el derecho a la libertad de expresión. Es hora de que se tomen medidas para garantizar la transparencia y la justicia en nuestro país.