En un marco de incertidumbre política y tensiones internacionales, el Gobierno peruano ha hecho oficialmente claro que no contempla la posibilidad de realizar una acción similar a la llevada a cabo por Ecuador en 2022, cuando se produjo el ingreso forzoso a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, “el Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”.
La afirmación del ministro se produce en un momento en que la situación política en el Perú sigue siendo tensa, luego de que la asilada exprimer ministra del izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), Betssy Chávez, pidiera refugio político en la Embajada de México en Lima. La decisión de Chávez se produjo después de que se le impidiera presentarse a una audiencia parlamentaria para responder a acusaciones de corrupción y violación de la Constitución.
Aunque no hay información oficial sobre las intenciones del Gobierno peruano para tratar con Chávez, el ministro De Zela ha asegurado que Perú se está comprometiendo con la resolución pacífica de la situación. “Estamos en contacto permanente con la Embajada de México y estamos trabajando juntos para encontrar una solución que garantice la seguridad de Betssy Chávez y el funcionamiento normal de las relaciones diplomáticas entre ambos países”, dijo De Zela.
La decisión de Chávez de pedir refugio en la Embajada de México ha generado un gran debate político en Perú, con algunos líderes opositores acusando a Castillo de utilizar la estrategia para evadir justicia. Por otro lado, muchos apoyan a Chávez y consideran que su petición de asilo es una forma de defenderse contra las acusaciones políticas.
La tensión en la situación política peruana se mantiene alta, ya que el Congreso de la República está investigando las acusaciones de corrupción y violación de la Constitución contra Castillo y otros miembros del gobierno. La investigación ha sido marcada por disputas políticas y acusaciones cruzadas entre los diferentes partidos.
En este contexto, la posición del Gobierno peruano de no considerar la posibilidad de un ingreso forzoso a la Embajada de México en Lima para detener a Chávez puede ser vista como un intento de mantener la calma y evitar una escalada de la tensión política. Sin embargo, la decisión también puede ser interpretada como una forma de respetar el derecho internacional y los acuerdos diplomáticos entre Perú y México.
En cualquier caso, la situación política en el Perú sigue siendo compleja y volátil, y es difícil predecir cómo se desarrollará en los próximos días. Lo que está claro es que el Gobierno peruano ha decidido no seguir el camino de Ecuador y utilizar la fuerza para detener a Chávez, lo que podría tener consecuencias graves para las relaciones diplomáticas entre Perú y México. En su lugar, el ministro De Zela ha asegurado que Perú se compromete con la resolución pacífica de la situación y con el mantenimiento de una buena relación con México.