A través de un desplegado, la 28 de Octubre señaló a la Fiscalía General del Estado de ser omisa y no solicitar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables
Cinco años están por cumplirse y la memoria de Meztli Sarabia, joven asesinada en el mercado Hidalgo en junio de 2017, no ha podido recibir justicia. Así lo apuntaron integrantes de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, quienes a través de un desplegado pidieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta su intervención.
Con un documento firmado el pasado 14 de junio por Rita Amador López y Xihuel Sarabia Reyna, ambos dirigentes de la UPVA, se expuso ante la oficialía de partes de Casa Aguayo que, a casi cinco años de haberse perpetrado el asesinato de Meztli, hija del fundador de esa organización, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, el ilícito no ha sido resarcido por la justicia poblana.
Apuntaron que la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), ha sido omisa de solicitar órdenes de aprehensión contra las más de 14 personas que la familia tiene identificados como presuntos autores materiales del crimen.
A propósito, denunciaron que, pese a que dos de ellos estuvieron previamente privados de su libertad, pero en cárceles de otros estados, ninguno fue condenado por el asesinato. Inclusive, rechazaron que César Eduardo N, único implicado por el caso, reciba un juicio acotado de 50 a 13 años de prisión bajo la condición de brindar información a las autoridades sobre sus cómplices.
También acusaron que en los últimos años han habido por lo menos dos asesinatos al interior del mercado, así como múltiples provocaciones presuntamente adjudicadas a un sujeto conocido como ‘El Caimán’.
Es importante recordar que fue el 29 de junio de 2017 cuando un grupo de personas arribó a las oficinas del mercado Hidalgo y poco después de ubicar a su objetivo, lanzaron un disparo contra Meztli Sarabia, el cual acabó inmediatamente con su vida debido al trauma encefálico provocado por la bala.
Poco después, en marzo de 2018, la autoridad ministerial aseguró a César Eduardo N, además de María Fernanda N, quien por cierto era menor de edad. Esta última persona fue señalada de haber fungido como vigilante del crimen, sin embargo, fue puesta en libertad por la justicia poblana en octubre de ese mismo año.
Finalmente, y en otro orden de ideas, la UPVA negó que esa agrupación haya pagado por el desplegado en medios de comunicación en el que Abelardo Cuéllar Delgado, ex secretario del Trabajo estatal, acusa presunta persecución política. Lo anterior, después de que así lo acusó Barbosa Huerta el pasado 13 de junio.
Inclusive, manifestaron que la organización ha buscado audiencia con el Gobierno de Puebla, sin embargo han sido ignorados por Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y por Julio Huerta, director general de Gobierno.